
Muerte de la jueza Vivian Polanía sacude a Colombia: hallazgo, hipótesis y reacciones
La jueza Vivian Polanía fue encontrada muerta en su apartamento en Cúcuta; su bebé de dos meses estaba con ella y fue trasladado a urgencias, según reportes oficiales y medios locales.
El hallazgo ocurrió tras la activación del protocolo de su esquema de protección: el personal de seguridad no obtuvo respuesta y alertó a la Policía, que al ingresar localizó el cuerpo de la funcionaria en su residencia en el barrio Ceiba II de Cúcuta, informó la prensa local.
Las autoridades de la Fiscalía, la Policía y Medicina Legal realizan los actos urgentes para determinar la causa de la muerte y el móvil del hecho, mientras el menor fue remitido a una clínica y quedó bajo custodia mientras avanza la investigación.
Desde el primer reporte se manejaron varias líneas de investigación: fuentes periodísticas mencionan que la hipótesis inicial que se examina es la de un suicidio, aunque esa versión está en revisión por las autoridades competentes mientras se esperan los resultados de las pericias forenses.
Paralelamente han circulado en redes audios y mensajes atribuidos a la jueza en los que, según medios, ella manifestó miedo por su seguridad y mencionó a su expareja como responsable en caso de que algo le ocurriera; la autenticidad de esas grabaciones deberá ser confirmada por la Fiscalía y se incorpora como elemento de análisis en la investigación.
Vivian Polanía era jueza penal municipal con función de control de garantías en Cúcuta y había tenido visibilidad pública por su actuación en procesos de alto impacto contra grupos criminales de la región, lo que —según reportes— le había acarreado amenazas y le valió un esquema de protección de la Rama Judicial.
En los últimos días los medios han recordado su trayectoria y procesos disciplinarios previos que la convirtieron en una figura controversial: Polanía también trabajó en la Corte Suprema de Justicia y en el Consejo Seccional de la Judicatura en Bogotá, y acumuló notoriedad pública por audiencias y publicaciones que generaron debate público en años recientes.
La noticia generó reacciones en el ámbito judicial y político: colegas, organizaciones de derechos humanos y actores locales han pedido celeridad en la investigación y garantías para la protección de servidores judiciales, al tiempo que la opinión pública exige esclarecer si hubo participación de terceros o si fue un hecho autoinfligido.
Medios regionales informan además que, durante el ingreso a la vivienda, se hallaron indicios que están siendo analizados por los peritos (informes policiales y de Criminalística serán determinantes para las conclusiones), y que el ICBF y las autoridades sanitarias coordinaron la atención del menor encontrado en el domicilio.
Por ahora las autoridades mantienen reservada información sensible mientras se adelantan las diligencias judiciales; se espera que en las próximas horas se conozcan los resultados preliminares de Medicina Legal y las declaraciones oficiales de la Fiscalía sobre el avance del proceso.
Este caso reaviva el debate sobre la seguridad de servidores judiciales en zonas de alta presencia de grupos criminales, la protección de víctimas y testigos, y la necesidad de esclarecer con transparencia las circunstancias de hechos que involucran a funcionarios públicos.
Fuentes: informes de prensa y coberturas locales que dieron cuenta del hallazgo, de las diligencias iniciales de la Fiscalía y de la difusión de audios atribuidos a la jueza mientras avanza la investigación.
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