¿'Ley Esposa' en San Luis Potosí: Paridad de género o favoritismo a la esposa del gobernador?

La llamada "Ley Esposa" ha desatado una fuerte polémica en San Luis Potosí tras su aprobación en el Congreso local, obligando a que solo mujeres compitan por la gubernatura en las elecciones de 2027. Esta reforma, impulsada formalmente por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), modifica la Constitución estatal para garantizar la alternancia de género en el cargo ejecutivo máximo, un puesto nunca ocupado por una mujer en la historia del estado[1][2][4].

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona defendió la medida, argumentando que responde a una resolución electoral y que las críticas provienen de actores políticos "que temen a las mujeres" y carecen de preparación para competir. "Tenemos 80 años con gobernadores hombres", enfatizó, destacando la necesidad de paridad en un contexto de dominio masculino[1][4][8].

Sin embargo, la oposición, liderada por Morena, la califica de inconstitucional y un intento de nepotismo para beneficiar a Ruth González Silva, senadora del PVEM y esposa del gobernador. Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, anunció una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, alegando que limita el derecho de la ciudadanía a elegir libremente y va más allá de la paridad[1][3][5].

La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a su equipo jurídico revisar la constitucionalidad de la reforma, insinuando que podría perseguir "otros temas" más allá de la igualdad de género[1][4][6]. Ruth González Silva se declaró lista para competir en 2027, afirmando que su partido tiene la fuerza para refrendar la gubernatura, con o sin alianza[5].

La aprobación ocurrió el 14 de diciembre con 19 votos a favor y ocho en contra, sin debate en el pleno, lo que generó protestas afuera del Congreso acusando favoritismo. Esta ley choca con una reforma federal en marcha contra el nepotismo electoral, evidenciando tensiones en la coalición Morena-PVEM rumbo a 2027[1][2].

Analistas señalan que la norma bloquea aspirantes como el alcalde Enrique Galindo, perfilado como fuerte contendiente, y podría aplicarse en otros estados como Nuevo León, intensificando el debate nacional sobre paridad versus democracia[4][7].